La aplicación de la ley se refiere a actividades llevadas a cabo por autoridades públicas competentes para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos o la ejecución de sanciones penales. En la regulación de IA, el término es relevante para normas especiales que gobiernan usos de alto riesgo, biometría, vigilancia y salvaguardias de derechos fundamentales.